Hacer periodismo en Centroamérica es un acto heróico y de fe. El más reciente informe de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF) evidencia el panorama “desolador” que enfrentan los medios periodísticos en la región. Honduras es el país de la región con la peor calificación en términos de libertad de prensa, figura de 165 entre 180 naciones. Nicaragua se ubica en el puesto 160, Guatemala en el 124 y El Salvador en el 112.
El informe arroja un patrón de riesgo que se extiende por varios países cuando se evalúa la situación política y económica, el marco legal, el contexto sociocultural y la seguridad. Costa Rica, en el noveno puesto de la lista, es una feliz pero escasa excepción. Hablamos con varios líderes y lideresas de medios centroamericanos independientes para acercarnos a la dimensión del problema y para entender donde fijan su resistencia para seguir corriendo el riesgo de hacer periodismo en Centroamérica.
¿Por qué ese riesgo vale la pena? La joven periodista Jennifer Ávila, directora y cofundadora del medio Contracorriente en Honduras, y recientemente ganadora del premio Gabriel García Márquez (GABO) a la excelencia periodística, contesta sin pestañear: “Si ahora mismo nadie nos cree, en diez años alguien nos va a creer. Es la historia lo que estamos escribiendo”.
Jennifer es sobre todo una reportera, sus investigaciones pasan necesariamente por andar la calle y dar el siguiente paso cuando otros retrocederían. A contracorriente, así aborda los temas más complejos de cubrir en su país. Cuando el jurado del premio GABO la anunció como ganadora, dijo que su periodismo es “símbolo de valentía en Centroamérica” y que su liderazgo destaca “en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo”.
Las periodistas consultadas para este caso de estudio mencionan una y otra vez una palabra que responde a esa pregunta y que resume su espíritu: resistencia.
Laura Aguirre es la embajadora de SembraMedia para El Salvador, Honduras y Guatemala, y parte de su labor es mapear y estudiar el ecosistema de medios en esos países. Ella sabe que su trabajo se reparte entre naciones que desde afuera lucen muy similares, pero que son ricas y diversas en su particularidad. “El ecosistema de medios nativos digitales en cada país es creciente, hay buena calidad en medios más pequeños y eso hace que el ecosistema sea más rico”, dice la también directora del medio feminista Alharaca.
Sin embargo, en medio de esa riqueza hay un popurrí de amenazas a la prensa, con el asesinato de periodistas como la consecuencia más dolorosa y el exilio como la más frecuente. “Es un panorama desolador”, dice una de las personas que coordina la alianza Otras Miradas, integrada por diez medios de Centroamérica, y quien prefiere no dar su nombre para proteger su integridad y la de su familia.
Su perspectiva tras dos años de trabajo con periodistas centroamericanos es que en la región confluyen tres grandes riesgos: la criminalización de periodistas, la deslegitimación de la prensa y el bloqueo en el acceso a las fuentes de información. Además, hay un cuarto riesgo inherente con la fracturación del modelo económico, que “queda ya en desuso en una región con tanta incertidumbre”, indica Aguirre.
Una estrategia de criminalización
En marzo del 2023, José Rubén Zamora Marroquín, fundador de El Periódico de Guatemala cumplió siete meses en prisión por un supuesto caso de lavado de activos. Fue encarcelado apenas cinco días después de que su diario reveló irregularidades en el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. “Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de El Periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno”, dijo Zamora en entrevista a la Agencia EFE.
“Los periodistas de medios pequeños ya se están preguntando: si le pasa a José Zamora, qué me podría pasar a mí”, se preocupa la coordinadora y cofundadora de Ojo con mi Pisto en Guatemala, Ana Carolina Alpírez, quien tiene más de 30 años de ejercicio periodístico y trabajó en El Periódico.
“Guardo el primer ejemplar y el último”, dice nostálgica sobre esa época en la que imprimir no era un lujo y un riesgo. Su medio de comunicación, como muchos otros de la región, es únicamente digital. Contrata a periodistas freelance de diversas comunidades de Guatemala para cubrir las municipalidades, un trabajo que le ha valido una larga lista de premios nacionales e internacionales.
La presión sobre los periodistas no solo se refleja en encarcelamientos, también en el tiempo y recursos deben destinar para defenderse de las demandas. “Los periodistas hemos dejado de publicar para dedicarnos a nuestra defensa legal”, continúa Alpírez.
Los modelos de talante autoritario que avanzan en la región han encontrado nuevas formas de vigilar a los medios y de rastrear sus pasos. “Ahora abiertamente, por todas las reformas que han hecho desde la Asamblea Legislativa que controla (Nayib) Bukele, se ha legalizado el espionaje”, cuenta Julia Gavarrete, periodista de investigación salvadoreña cuya investigación sobre una familia que se exilia sin deber nada fue reconocida con el premio de periodismo Ortega y Gasset.
“No solo se trata de que en El Salvador se hace uso de Pegasus (un software de vigilancia, nota del editor), es que no sabemos a estas alturas quiénes son los responsables de ese espionaje, y el gobierno, en lugar de iniciar una investigación seria, responde con reformas que permiten que exista mayor intromisión en los dispositivos telefónicos de cualquier persona”, continúa Julia.
Más hacia el sur, en Nicaragua, la situación se recrudece. Desde la crisis política y social en el 2018, el número de periodistas que ejerce su labor desde el exilio aumenta, y con él la precariedad del oficio. Solo en el 2022, 93 periodistas nicaragüenses tuvieron que exiliarse, 31 medios de comunicación fueron clausurados y el régimen condenó a nueve periodistas, según el último informe de Voces del Sur, una organización latinoamericana que defiende y promueve la libertad de expresión y prensa.
Hace apenas unos meses, el gobierno decidió despojar de su nacionalidad a opositores, líderes políticos y periodistas a quienes suele calificar de “terroristas”. Sin embargo, es “un panorama de mucha resistencia”, dicen desde la coordinación de Otras Miradas. “Esa es la principal característica: resistir, no dejar que el poder aplaste la verdad”.
La deslegitimación como arma política
Para Jennifer Ávila, de Contracorriente, nunca como ahora la narrativa de los gobernantes se había empecinado en mostrar a los medios como sus enemigos públicos. “Es toda una retórica dañina en la que solo la palabra oficial es la verdad”, lamenta.
Los casos en otros centros de poder de Centroamérica continúan por el mismo camino. En El Salvador, el presidente Bukele empezó bloqueando la participación de los medios de sus conferencias de prensa en el 2019, aprovechó la pandemia para levantar las garantías constitucionales e impedir el libre tránsito y la libre expresión. El régimen de excepción que decretó por una ola de violencia se ha prorrogado ya doce veces. Desde que llegó a la política, Bukele no ha hecho más que recrudecer un discurso en el que la prensa es su enemigo número uno, y que además se apoya en una abrumadora aprobación popular de 90%.
“Hay una “guerra” declarada contra periodistas o cualquier voz disidente que pertenezca a organizaciones críticas al gobierno”, dice Julia, del medio salvadoreño El Faro. “Los cambios son drásticos: vemos cómo el control de la narrativa, donde somos el enemigo principal, genera que haya poca posibilidad de acercamiento a algunas audiencias”, agrega.
“Es un reto de cómo hacemos este periodismo creando una comunidad que nos acuerpe, cuando el oficialismo nos está tratando de destruir las comunidades, las fuentes, las audiencia”, coincide Jennifer Ávila.
Ataques similares se repiten en diferentes países, donde los poderes disponen de una “maquinaria mediática amplísima” con los medios oficialistas en todas las plataformas, como sostiene la coordinación de Otras Miradas. “Con estos medios desacreditan, deslegitiman el trabajo que están haciendo los medios independientes”, reclama. Los resultados dependen de cada país, pero todos son potencialmente devastadores para la prensa.
De esa estrategia ni siquiera está a salvo Costa Rica, el único país de Latinoamérica que entra en el top 10 de los mejores lugares del mundo para ejercer el periodismo. Su presidente, Rodrigo Chaves, ha adoptado el discurso de otros países de la región, como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, y se ha enfocado en atacar la credibilidad de los periodistas en ruedas de prensa con calificativos como “prensa canalla” y “ratas”.
Estos casos son objetivamente incipientes en comparación con el resto de la región, pero incluso en las democracias más sólidas existe el riesgo de que una conferencia de prensa se convierta en arma oficialista. Cualquier relato contra el periodismo se traslada con facilidad a las redes sociales.
“En la audiencia digital hay mucho ruido”, dice Ana Carolina Alpírez, desde Guatemala. “Sí hay gente que valora tu trabajo, pero también hay gente que lo que hace es atacar. Te atacan por tu apariencia, porque eres mujer, etc. La (audiencia) nuestra se está polarizando mucho”.
Y hace un mea culpa: “Los periodistas fallamos en que no le trasladamos a la sociedad (la pregunta de) por qué nuestro trabajo es necesario”.
A Jennifer Ávila también le preocupa que sectores del mismo gremio ayuden a desacreditar la labor. “La gente ha ido perdiendo la confianza. Por un lado es la narrativa del gobierno y por el otro lado son también los periodistas que venden su voz a los poderosos”, dice, e insiste en que a las narrativas que destruyen hay que combatirlas con más y mejor periodismo.
La odisea de acceder a fuentes de información
Ana Carolina Alpírez reconoce en la falta de acceso a la información uno de los desafíos más importantes del periodismo en su país, no solo porque impide examinar los discursos sino porque hace todavía más difícil la cotidianidad del oficio de cara a los estándares que merecen las audiencias.
“Nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar tu historia y verificar lo que tú me cuentas. ¿Qué pasa si nadie me quiere hablar para verificar los hechos? Voy a la fuente oficial y no hay información (…) Al final no es justo para el lector”.
Y se sirve de un ejemplo: “Nosotras queríamos saber los casos que llevaba el Ministerio Público contra un alcalde en el ejercicio de su función pública. El MP me dijo que me daba la información solo si yo llevaba una carta del propio alcalde firmada”, cuenta.
En términos generales, los periodistas centroamericanos identifican que la negativa de las fuentes oficiales de información los arrincona y obliga en muchas ocasiones a valerse del anonimato de pocas fuentes oficiales, y a confiar en cifras de oenegés y otros institutos. En Guatemala y El Salvador había legislaciones de acceso a la información pública que antes ayudaban a los periodistas a conseguir datos, pero ahora están prácticamente en desuso.
Reina Ponce, de la revista salvadoreña La Brújula, reclama que “la información relacionada a la violencia basada en género está reservada. No hay datos. El año pasado realicé una investigación sobre la maternidad de mujeres en las cárceles, esa información está reservada, igual que feminicidios, denuncias por desapariciones, etc”.
Para Julia, de El Faro, la mayor parte del problema está en los accesos que antes era posible conseguir y ahora están vetados. “Para mí, el mayor freno para hacer nuestro trabajo está en esos espacios a los que antes teníamos acceso y ahora nos es imposible poder entrar. Por ejemplo, una cárcel. ¿Cómo podemos saber cómo están las condiciones internamente si no hay acceso para nosotros?”.
El velado ahogo económico
En 2022, el entonces candidato a la presidencia de Costa Rica Rodrigo Chaves comenzó sus ataques a la libertad de prensa y de expresión. La emprendió abiertamente contra un periodista que quiso saber más sobre las acusaciones en su contra por acoso sexual en el Banco Mundial en Indonesia, prometió destruir medios de comunicación específicos y, ni bien llegó a la presidencia, cumplió su promesa y mandó a cerrar uno de los principales sustentos económicos del periódico más grande y más crítico de su carrera política, el Grupo Nación.
Pero Costa Rica no es el país con la situación más grave. Al contrario, decenas de nicaragüenses están en suelo costarricense intentando cubrir las historias de su país desde el exilio y ya se empiezan a ver ejemplos de periodistas salvadoreños siguiéndoles los pasos.
Medios pequeños costarricenses como Colectivo 506 y La Voz de Guanacaste (cuya directora escribe este artículo) encuentran dificultades para acceder a financiamiento. Y esos retos son en muchas ocasiones parte de la misma retórica que embarga a Centroamérica.
“Se sataniza a los medios de comunicación (desde el Gobierno) y entonces la gente tampoco quiere apoyar ni suscribirse. Y la empresa privada no encuentra valor o no tiene la necesidad de tomar una posición frente a ciertos temas importantes, y entonces no apoyan”, se lamenta Mónica Quesada, cofundadora del Colectivo 506, quien en 2022 hizo parte como mentee del programa de SembraMedia Metis, que ofrece “mentorías en negocios para mujeres fundadoras de medios digitales independientes de Latinoamérica”.
Costa Rica podría ser un punto de referencia para darle proporciones a la situación en el resto de la región. Siendo el único país de Centroamérica en el que es seguro hacer periodismo, allí el presidente ridiculiza a periodistas en conferencias de prensa, cierra fuentes de financiamiento e impide a sus funcionarios hablar con muchos de ellos. El país que refugia periodistas, ahora los ataca.
El caso más extremo es sin duda el nicaragüense. “Nicaragua ya está en el futuro”, dice Laura Aguirre, de Alharaca, con algo de amargura en la voz. Inmediatamente agrega que “el miedo que hay en la región es que cada vez nos acerquemos cada vez más a una total censura de los medios. Todavía no creo que eso pase en el corto plazo, pero es una posibilidad”.
Se refiere, por ejemplo, a que en el 2020 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó la ley de agentes extranjeros e inició la desarticulación de parte de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
El Salvador le sigue los pasos a Nicaragua. “Desde el año pasado se viene promoviendo una ley de agentes extranjeros con la finalidad de ahogar a las oenegés y a todos aquellos grupos que no sean afines a los discursos del gobierno”, dice Reina Ponce, cuya revista La Brújula depende económicamente de una organización sin fines de lucro a la cual teme que persigan y cierren.
Ponce, también mentee de Metis, ha vivido la violencia de género y como periodista feminista desde las fábricas de trolles que, en muchos casos, crean los mismos gobernantes para desacreditar periodistas y opositores en redes sociales.
SembraMedia, como organización que ayuda a medios independientes a encontrar y desarrollar modelos de negocio sustentables, sabe del enorme reto en capacitar con pertinencia a periodistas y gestores/as de medios en países con estas particularidades.
“Estamos cambiando un poco la mirada porque ya no podemos hablar de sostenibilidad y de modelos de negocio como se hace en otros países de la región porque el futuro es tan incierto y el miedo a la persecución a través de las cuestiones fiscales es tan grande que los modelos de negocio y de sostenibilidad tradicionales no aplican a la región”, dice Laura Aguirre, embajadora de SembraMedia para Centroamérica.
“No se mata la verdad callando periodistas”
El ejercicio de conversar con mujeres líderes de medios en Centroamérica pasa rápidamente de los lamentos a las risas, de las preocupaciones al optimismo. Hay muchas dificultades, pero en el subtexto de esas conversaciones yace siempre el colegaje y la camaradería como motor oculto. Así lo explica Jennifer Ávila: “En Centroamérica yo no podría estar haciendo esto si no hubiera gente que lo está haciendo en el resto de países”.
El trabajo colaborativo aparece como un rayito de luz en medio de la tormenta. El año pasado, dando muestras de un optimismo refrescante, decenas de periodistas independientes de Centroamérica firmaron el manifiesto que crea la Red Centroamericana de Periodistas. “(Estamos aquí como) muestra contundente de que las y los periodistas independientes de Centroamérica no estamos dispuestos a callar. El silencio no es una opción”, leyó el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda en la ceremonia.
La red tiene como ejes ofrecer rutas de evacuación a periodistas en peligro y garantizar su acogida en otros países; defenderles legalmente y crear una vocería unificada para aquellos que necesiten denunciar su realidad cuando estén en riesgo.
Alianzas como Otras Miradas ofrecen un espacio de publicación conjunto, un lugar para hablar de más y mejores métodos periodísticos y para trabajar en su seguridad digital. “Los medios de la región han visto que trabajar en alianza con periodistas de Latinoamérica da un respaldo y un soporte muy importante para seguir haciendo el trabajo en medio de esos contextos tan complicados”, aseguraron a través de su coordinación.
En Costa Rica, La Voz de Guanacaste se apropió de la práctica colaborativa que había adquirido con su participación en Papeles de Panamá y otras investigaciones transnacionales. Con la pandemia, inició una serie de esfuerzos binacionales para cubrir la migración con un equipo de periodistas de Confidencial de Nicaragua e Interferencia de Radios UCR en Costa Rica.
“Las colaboraciones binacionales nos permiten subirle el volumen a las realidades que compartimos los países. A diferencia de los territorios, las crisis socioeconómicas, humanas y ambientales no tienen fronteras, y es urgente que visibilicemos esto con periodismo transfronterizo”, dijo la editora de La Voz de Guanacaste, Noelia Esquivel. “Estas colaboraciones nos han ayudado a fusionar las fortalezas que cada equipo puede aportar para potenciar el alcance de las historias y crear narrativas innovadoras”, agregó.
En Guatemala, Ana Carolina Alpírez relata que los periodistas se unieron en el colectivo #NoNosCallarán para hacerles frente a las amenazas. Lo que nació como un grupo en WhatsApp y luego en Signal es ahora una plataforma para defender y promover la importancia del periodismo en el país.
Jennifer Ávila recuerda la cobertura de la crisis política de Honduras en el 2017. “Íbamos como ocho periodistas metidos en un solo taxi. Los freelancers y los (medios) que estábamos empezando nos apoyamos y nos cuidamos mucho”. Insiste en que, desde los inicios de Contracorriente, hacer periodismo en situaciones de crisis siempre será mejor acompañada.
“Lo que me mantiene es el convencimiento de que nuestro papel también es ser testigas de este tiempo, las documentalistas de esta época. Seremos las fuentes de información del futuro, la contranarrativa del discurso oficial”, dice Laura Aguirre.
Esa mirada colectiva, transnacional y desde el cuidado es en gran parte la razón por la que ellas siguen haciendo periodismo en Centroamérica, es un patrimonio que las impulsa a seguir cubriendo la realidad con la garantía de que no están solas. Como reza uno de los especiales de Otras Miradas: “no se mata la verdad callando a los periodistas”.
